El Ministerio de Cultura dio a conocer ayer el borrador del real decreto que regula el funcionamiento de la famosa Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, el polémico órgano administrativo que podrá cerrar páginas web que vulneren los derechos de autor.
El texto despeja una de las dudas que despertaba la norma, dando facultad a la comisión para bloquear contenidos albergados en servidores en el extranjero: "Los órganos que tengan legalmente atribuidas competencias para ello [antes era un juez, ahora es la Sección Segunda] pueden dirigirse directamente a un prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información [el proveedor de la conexión a internet] para ordenarle que [...] impida el acceso desde territorio español a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya sido decidida,
en caso de prestadores establecidos fuera de la Unión Europea".